Excelencia jurídica.
Resultados concretos.

El Sistema BRE-B, la Ley 1676 de 2013 sobre garantías mobiliarias y el Decreto 0368 de 2026 conforman un ecosistema que redefine el acceso al crédito y la financiación empresarial en Colombia…

El Sistema de Pagos de Bajo Valor BRE-B del Banco de la República, la Ley 1676 de 2013 sobre garantías mobiliarias y el nuevo régimen obligatorio de finanzas abiertas del Decreto 0368 de 2026 conforman un ecosistema regulatorio que redefine la financiación empresarial en Colombia. El BRE-B permite pagos interbancarios inmediatos con disponibilidad en tiempo real, reduciendo el riesgo de incumplimiento en obligaciones garantizadas. La Ley 1676 de 2013 permite constituir garantías sobre bienes muebles presentes y futuros —incluyendo cuentas por cobrar, inventarios y activos intangibles— con registro en el Sistema Integrado de Garantías (SIG). La integración de estos instrumentos con las finanzas abiertas abre la posibilidad de evaluar riesgo crediticio de forma más precisa y dinámica, usando datos transaccionales en tiempo real.

El Decreto 0368 de 2026 abandona el modelo voluntario de finanzas abiertas y adopta un régimen obligatorio: el dato financiero deja de ser un activo exclusivo de los bancos…

Con el Decreto 0368 de 2026, Colombia adopta un régimen obligatorio de finanzas abiertas que redefine la relación entre entidades financieras, usuarios y datos. La norma abarca establecimientos de crédito, fiduciarias, comisionistas de bolsa, aseguradoras, fondos de pensiones, cesantías y plataformas de financiación colaborativa. Deben compartirse tres categorías de datos: información de productos y transacciones (con historial mínimo de 12 meses), datos de vinculación del cliente (KYC) e información general de productos. Los modelos analíticos propietarios quedan protegidos, pero la materia prima sobre la que se construyen queda abierta. La competencia financiera deja de basarse en la tenencia del dato y pasa a depender de la capacidad de interpretarlo. Las entidades que no adapten su estrategia de datos y arquitectura tecnológica enfrentarán riesgos regulatorios y competitivos de gran envergadura.

El AI Act de la UE profundiza su aplicación en agosto de 2026 con nuevas obligaciones para sistemas de IA de alto riesgo en finanzas, educación, empleo e infraestructura crítica…

El Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (AI Act, Reglamento UE 2024/1689) profundiza su aplicación en agosto de 2026 con obligaciones para sistemas de IA de alto riesgo en sectores como servicios financieros, educación, empleo, infraestructura crítica y administración de justicia. Las empresas deben acreditar evaluaciones de conformidad, mantener registros técnicos detallados, garantizar supervisión humana y notificar incidentes. Las multas pueden alcanzar 30 millones de euros o el 6% de la facturación global. Para empresas colombianas con operaciones en Europa o que provean servicios digitales a usuarios europeos, el AI Act tiene efecto extraterritorial. Colombia avanza en su propio marco regulatorio con el CONPES 4144 de 2023 y debates legislativos en curso sobre responsabilidad civil derivada del uso de sistemas autónomos.

La agudización de las tensiones entre EE.UU. e Irán en 2026 reconfiguran mercados energéticos y obligan a empresas colombianas a revisar cadenas de suministro y contratos internacionales…

La agudización de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en 2026 ha generado incertidumbre en los mercados energéticos y de materias primas. Las sanciones unilaterales de EE.UU. prohíben a empresas de terceros países realizar transacciones con entidades iraníes —bajo riesgo de exclusión del sistema financiero en dólares—, obligando a corporaciones latinoamericanas a revisar sus cadenas de suministro. El estrecho de Ormuz, por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial, impacta directamente los precios del crudo y los costos de producción globales. Para Colombia, las fluctuaciones en el precio del petróleo afectan los ingresos fiscales y el tipo de cambio. Las sanciones secundarias del OFAC imponen debidas diligencias reforzadas sobre contrapartes. Los contratos internacionales deben contemplar cláusulas de fuerza mayor amplias y disposiciones específicas sobre cumplimiento de sanciones.