Excelencia jurídica.
Resultados concretos.

Las plataformas digitales de origen colombiano con actividad económica están obligadas a inscribirse en el registro mercantil y reportar sus transacciones a la DIAN…

Las plataformas digitales y sitios web de origen colombiano que desarrollan actividades económicas comerciales, financieras o de prestación de servicios están obligadas a inscribirse en el registro mercantil ante la Cámara de Comercio correspondiente y a reportar sus transacciones a la DIAN. Esta obligación, derivada del artículo 26 del Código de Comercio y de la Ley 527 de 1999 sobre comercio electrónico, aplica tanto a empresas constituidas como a personas naturales que ejerzan el comercio de forma habitual a través de medios digitales. El incumplimiento puede generar sanciones económicas, cierre del establecimiento virtual e imposibilidad de acceder a beneficios tributarios. Con el comercio electrónico colombiano superando los COP $48 billones en transacciones durante 2025, la formalización digital es ya una prioridad jurídica urgente.

La Superintendencia de Sociedades admitió a WOM al proceso de reorganización bajo la Ley 1116 de 2006, poniendo en juego más de 2.600 empleos directos…

La Superintendencia de Sociedades admitió a Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM) al proceso de reorganización empresarial de la Ley 1116 de 2006, iniciando el trámite de salvamento de la operadora de telefonía móvil y sus más de 2.600 empleos. La admisión suspende de inmediato las ejecuciones individuales en contra de la empresa y convoca a los acreedores a una negociación colectiva para reestructurar las obligaciones financieras. Este caso subraya la importancia de activar a tiempo los mecanismos concursales: una solicitud oportuna puede marcar la diferencia entre la recuperación y la liquidación. La Ley 1116 permite renegociar contratos laborales, financieros y comerciales dentro del proceso, siempre que exista viabilidad económica demostrable. Las empresas con señales de estrés financiero deben contar con asesoría jurídica especializada en derecho concursal desde los primeros síntomas.

La ONU proyecta crecimiento mundial del 2,6% en 2026 mientras el proteccionismo y la fragmentación geopolítica reconfiguran las cadenas de suministro globales…

La ONU y la UNCTAD proyectan que el crecimiento económico mundial caerá al 2,6% en 2026, en un escenario de fragmentación geopolítica y proteccionismo creciente. Las tensiones entre EE.UU., China y la UE han acelerado el "friendshoring": la reorientación de cadenas de suministro hacia países aliados, una oportunidad para Colombia dada su posición geográfica y sus TLC vigentes. Desde la perspectiva jurídica, las empresas colombianas con vocación exportadora deben revisar sus contratos internacionales, estructurar cláusulas de fuerza mayor, disposiciones sobre sanciones del OFAC y reglas de origen en los TLC. La incapacidad de adaptación contractual puede derivar en pérdida de beneficios arancelarios, incumplimientos involuntarios y exposición a sanciones de terceros países.

El sismo 7,4 del 10 de agosto afectó más de 30.000 empresas en Cali y comprometió el corredor logístico Cali-Buenaventura. Las implicaciones jurídicas son de gran alcance…

El terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026 (epicentro en Chocó) dejó más de 30.000 empresas afectadas, con el 63% en Cali reportando daños críticos y el 39% sin poder operar. El corredor Cali-Buenaventura, columna del comercio exterior del Pacífico colombiano, fue severamente comprometido. Jurídicamente, la catástrofe activa la figura de fuerza mayor (artículo 64 Código Civil y Ley 95 de 1890), que exime temporalmente del cumplimiento de obligaciones contractuales. Para invocarla válidamente, el hecho debe ser imprevisible, irresistible y exterior, y debe notificarse a la contraparte a la brevedad. Las empresas con seguros de daños, lucro cesante o interrupción de negocio deben activar sus pólizas de inmediato. La recuperación también puede apoyarse en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y en las líneas de crédito de emergencia habilitadas por el Gobierno Nacional.